Por Rita Martel
Luego de que se confirmara por ley la decisión del gobernador José Manuel de la Sota de prorrogar hasta el mes de noviembre la entrada en vigencia de la equiparación salarial entre los jueces provinciales y los federales, la Asociación de Magistrados de Córdoba procuró frenar los alcances de dicha medida, al considerar que debía cumplirse con lo empeñado.

"Acá hay una ley que debió haber entrado en vigencia el 1º de enero y que se hacía efectiva al cobrar los haberes de enero, pero como no hubo una declaración de emergencia, esto es aparentemente coyuntural, por lo que tendremos que estudiarlo. Todo esto es materia de análisis y de compatibilizar nuestros intereses con los de la realidad. En definitiva, se hicieron todas las gestiones pero el objetivo no se logró", evaluó Luis Paoloni, titular de la Asociación de Magistrados de la Provincia, en una entrevista con Hoy Día Córdoba.

Frente a la concreción de la prórroga dictada por los legisladores oficialistas, y a pedido del gobernador, Paoloni anunció que, una vez que finalice el receso en los Tribunales, realizarán un análisis de la situación.

Sobre el particular, explicó que "nosotros vamos a evaluar en una reunión del Consejo Directivo, previo recabar la opinión de todos nuestros asociados, los pasos a seguir, y también consultaremos a especialistas en derecho constitucional y así decidiremos el curso de acción".

En paralelo, el magistrado confirmó que en esta etapa no tienen previsto reunirse con el titular del Ejecutivo. "Nosotros ya nos hemos reunido con él en su momento, cuando era candidato y después nos reunimos con funcionarios de su Gobierno, tratando de ver si se podía evitar la sanción de la prórroga, o en su caso procurar alguna situación intermedia que pudiera ser aceptable".

A pesar de que ese objetivo no se logró, Paoloni se encargó de remarcar que "nosotros somos dialoguistas por antonomasia, lo que más nos interesa es dialogar y buscar soluciones dentro de las vías no confrontativas".

Por otro lado, se mostró muy cauteloso al referirse a los motivos que tuvo De la Sota para aplicar la prórroga. "Hablar de eso ya sería meternos en política estatal", aseguró. Sin embargo, explicó que la ley Nº 9.725 preveía un plan de ejecución desde el momento en que fue elaborada. "Esta ley tiene su propio articulado cuando se sancionó en diciembre de 2009, que estaba regida al cabo de dos años, y en ese período debía el Ministerio de Finanzas hacer la previsiones necesarias para poder cumplir sin problema". "Pero en este momento la lectura de porque no se cumplió es harina de otro costal", agregó. 

Esta medida fue articulada dentro del plan de “austeridad” que lleva a cabo el gobierno provincial. En torno a esta situación de conflicto económico que atraviesa la Provincia, el magistrado sostuvo que quizás al Gobernador "se le presentaron otros frentes de conflicto". Aún así, consideró que estos no son parte de la esfera que los involucra. "Ese es otro análisis que no nos corresponde hacer, nosotros solo pedíamos el cumplimento de la ley", concluyó Paoloni.

Muy distinta es la postura de Irina Santesteban, secretaria General del gremio de los empleados judiciales de la provincia. En ese sentido, la sindicalista recordó tiempo atrás que mientras jueces y magistrados reclaman por la demora de nueve meses en la equiparación, ellos siguen tratando de conseguir que les otorguen la porcentualidad salarial que vienen pidiendo hace tiempo.

Para la titular del gremio de judiciales, el enganche no resuelve la situación salarial de la Justicia en su totalidad. "Para que haya una sola política judicial hace falta la porcentualidad, que es estar enganchados a lo que cobran los jueces, con distintos porcentajes según las distintas categorías. No es que estemos en contra de la equiparación, pero sí en contra de la equiparación sólo para los jueces", señaló Santesteban. Además, afirmó: “lástima que no demuestran la misma sensibilidad social frente a los reclamos de los empleados judiciales que desde hace años les pedimos discutir el sistema porcentual, para que haya real justicia distributiva de los ingresos en el Poder Judicial". 

Finalmente, cabe recordar que actualmente un vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene un salario que supera los 33.000 pesos. En tanto que un vocal de Cámara tiene sueldo promedio de 25.000 pesos, y un juez de Primera Instancia gana alrededor de 20.000 pesos. Con la aplicación de la ley, tanto los jueces como los funcionarios del Poder Judicial recibirían un incremento salarial superior al 10 por ciento. A ello habría que agregarle que el salario de un juez no sufre la deducción por el pago del Impuesto a las Ganancias.